Guillory

Editor's Corner

El papel del gobierno en la atención médica

por Charleta Guillory, M.D.
Profesora adjunta de Pediatría y Neonatología

El futuro de la atención médica de nuestros niños depende en gran medida de las decisiones que se tomen en el presente. Históricamente, la responsabilidad financiera de los seguros de salud, tales como los programas Medicaid y CHIP, para niños provenientes de familias de bajos ingresos, ha recaído en el gobierno. Es preocupante observar que el financiamiento de los programas de salud pública para niños se está viendo afectado y se guía más por intereses políticos y tendencias macroeconómicas que por un sentido de justicia o por las necesidades de ese grupo vulnerable de la población. Los médicos tienen la gran responsabilidad y el privilegio de cuidar de la salud de los niños; deben trabajar en conjunto con los legisladores y velar por el acceso igualitario de los niños a la atención médica.

Tomemos en cuenta la siguiente cronología de decisiones legislativas y sus efectos para los millones de niños que tienen acceso limitado a la atención médica:

• 1977: Se estima que 11 millones de niños en los Estados Unidos no cuentan con seguro médico. La Ley de Presupuesto Equilibrado (Balanced Budget Act) dio origen al Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP, por su sigla en inglés) administrado por los estados y otorgó 24 mil millones de dólares durante 5 años y 48 mil millones de dólares durante 10 años para aumentar la cobertura de niños que carecían de ella.
• 1999: La legislatura del estado de Texas creó el programa CHIP. Entre el 1º de abril de 2000 y el 1º de septiembre de 2003, se inscribieron más de 500,000 niños.
• 2003: Los drásticos recortes presupuestarios hicieron que 175,000 niños del estado de Texas perdieran la cobertura que tenían a través de CHIP; los niños que aún cuentan con cobertura perdieron el derecho a la atención dental, oftalmológica y a los servicios de cuidados paliativos. Aumentó el número de inscripciones en el programa Medicaid, pero no se restablecieron las tarifas de los proveedores.
• 2004–05: Los tribunales federales estadounidenses determinaron que algunos estados (el Condado de Cook, en Illinois, y el estado de Oklahoma) infringieron las disposiciones de la ley de Medicaid respecto del acceso igualitario al programa.
• 2005: La legislatura de Texas restableció los aspectos clave del programa CHIP a los niveles del año 2003. Otros recortes sustanciales aún subsisten. No se asignaron fondos para el aumento en el número de inscripciones.
• 2006: La propuesta presupuestaria que hizo el Presidente reduciría en 60 mil millones de dólares el programa Medicaid durante 10 años, lo cual podría poner en riesgo la protección con que cuentan millones de niños para acceder a la atención médica. En abril, el congreso restringió el recorte a 10 mil millones de dólares durante 5 años.

La necesidad no es rechazada ni desoída. Tres artículos publicados en Pediatrics (2004-2005) promocionaban la eficacia de CHIP, pues asociaban la inscripción de niños con un mayor acceso a la atención médica, un menor uso de salas de urgencia, un número inferior de necesidades no satisfechas y una mayor continuidad y calidad de la atención. Como quedó en evidencia tras las decisiones de los tribunales federales estadounidenses en 2004 y 2005, las autoridades federales se han dado cuenta de las inequidades. Los estados también se han dado cuenta y están bregando con los aspectos económicos de financiar el acceso igualitario a los recursos de atención médica. Quizás las resoluciones federales ayuden a elevar el valor de los niños en la sociedad para que se destine el financiamiento adecuado. Sin embargo, se requieren esfuerzos en todos los frentes.

Hoy por hoy, los médicos se ven atrapados en un dilema ético mundial. La moralidad de la beneficencia y de la autonomía rige en los centros de atención. Los pacientes y sus familias esperan lo mejor que ofrece la tecnología moderna. No obstante, todos los días se cometen injusticias graves: niños sin seguro médico que acuden a las salas de urgencias, que son víctimas de no contar con protección médica, de habérseles realizado diagnósticos e intervenciones tardíos y de resultados desfavorables.

El principio ético clave es la justicia: la distribución justa y equitativa de beneficios para todos y el acceso universal a la atención médica básica. La justicia distributiva reconoce que los recursos son limitados y que se deben asignar en forma equitativa entre la población. En los Estados Unidos, la mayoría de las personas creen que la atención médica se debe asignar según las necesidades. Cuando el dinero y los recursos son escasos, la justicia adquiere una nueva connotación. El dilema es el problema ético de establecer límites y la asignación de la atención médica de alto costo, de modo que otras personas reciban atención médica básica. Las limitaciones del control de costos han puesto el tema del racionamiento en el tapete del debate sobre normas de salud y han convertido el principio de justicia en un ideal de la ética médica.

Los médicos deben actuar para identificar los problemas y crear soluciones. La participación en sociedades profesionales y en organizaciones de defensa de los niños, tales como March of Dimes, permite a los pediatras comunicarse y negociar el acceso a la atención médica para todos los niños.